Por Karsten Krüger
La calidad de un sistema democrático liberal se define, entre otros criterios, por la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Estos deben ser independientes y actuar en el interés general de la sociedad.
Recientemente hemos sido testigos de sendos ataques a la separación de poderes tanto en Polonia como en Israel, cuyos ejecutivos han pretendido limitar la independencia del sistema judicial.
Asimismo, en un reciente artículo sobre el periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico de Guatemala, condenado por lavado de dinero y encarcelado desde hace varios años, el diario El País[1] reportaba que «diversos organismos internacionales han criticado ‘graves violaciones procesales’ en un caso que consideran un claro ataque a la libertad de expresión» por haber denunciado la corrupción de los gobiernos guatemaltecos y por su postura crítica con el sistema oligárquico y corrupto del país, que también ha infiltrado su sistema judicial.
Ante esta lectura, cabe preguntarse cómo perseguir la corrupción generalizada de un sistema jurídico usando mecanismos jurídicos.
En el caso de Guatemala, la nación centroamericana ha pasado de tener «uno de los mecanismos más exitosos para combatir la corrupción y el crimen organizado»[2] a convertirse en un país en el que el sistema de justicia es «un brazo represivo para asfixiar a quienes buscan decir la verdad, investigan y promueven la libertad de expresión»[3]. Está también el caso de Ecuador, donde el narcotráfico ha conseguido infiltrarse tanto en la administración pública como en la policía, el ejército y la judicatura.
El auge del narcotráfico y su impacto en la sociedad se observa también en algunos miembros de la UE, como los Países Bajos, Bélgica y algunos países escandinavos, lo que sugiere un creciente riesgo de corrupción tanto entre la policía como entre la judicatura.
El asunto de la judicatura es especialmente sensible, dado que es la institución estatal que debe perseguir, por ejemplo, los casos de corrupción. ¿Quién persigue y condena a los corruptos cuando la judicatura misma es corrupta? ¿Quién persigue a los jueces y fiscales corruptos si la corrupción es un fenómeno endémico en el Estado?
Se podría poner otro ejemplo histórico, esta vez de índole político: en el régimen nacionalsocialista de Alemania, hubo muchos jueces que cumplieron con los mandatos del régimen no por obligación, sino por convicción, y muchos de ellos siguieron siendo jueces después de la derrota del régimen nacionalsocialista.
En otras palabras: el sistema jurídico es la parte más sensible del sistema democrático por el simple hecho de que su función es impartir justicia y de que debe vigilar la calidad del sistema legislativo y del sistema ejecutivo. La cuestión es cómo se controla la calidad del sistema jurídico.
[1] Arroyo, L. (18/02/2024). José Rubén Zamora, el cuarto poder tras las rejas en Guatemala: «No me voy a dejar vencer». El País. https://elpais.com/america/2024-02-18/jose-ruben-zamora-el-cuarto-poder-tras-las-rejas-en-guatemala-no-me-voy-a-dejar-vencer.html
Arroyo, L. (14/05/2024). José Rubén Zamora, periodista preso en Guatemala, premiado con el Reconocimiento a la Excelencia de la Fundación Gabo. El País. https://elpais.com/comunicacion/2024-05-14/la-fundacion-gabo-otorga-el-reconocimiento-a-la-excelencia-2024-a-jose-ruben-zamora-periodista-encarcelado-en-guatemala.html
[2] Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU.
[3] Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Véase también:
Marcos González Díaz (19 de Junio 2023). Cómo Guatemala pasó de ser un ejemplo contra la corrupción a criminalizar a jueces, periodistas y candidatos políticos. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cw8ld1799d3o
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